A finales de los años 80, del pasado siglo, me convertí en un cooperativista primerizo de la noche a la mañana, integrándome como socio en Grupo Coop, S.Coop., una cooperativa valenciana de servicios profesionales. En aquellos años, esta empresa llegó a ser una curiosa experiencia de “holding” cooperativo, en donde la cabecera, o tenedora de las acciones, era una cooperativa de trabajo asociado y las empresas participadas eran sociedades anónimas. Un modelo societario extraordinario e inusual.

Después de esta experiencia, y de haber trabajado en un buen número de las cooperativas de aquella época y colaborado con otros profesionales de la consultoría, integrados en la llamada LKS, la división de consultoría del Grupo Mondragón, llegué a la conclusión de que el modelo cooperativista era demasiado avanzado para nuestro entorno próximo. En los 80, muchas de aquellas cooperativas nacían de la quiebra de empresas de capital, forzadas a asumir la propiedad y la gestión de un proyecto empresarial fracasado por la imperiosa necesidad de conservar los puestos de trabajo. En aquel momento, se percibía claramente que los valores y principios que debían sustentar la organización de las cooperativas, especialmente las de trabajo asociado, no estaban presentes, de forma generalizada, en las personas de aquella época.

En la actualidad, el cooperativismo se presenta como una eficaz herramienta para la creación de empleo en igualdad de hombres y mujeres, un empleo sostenible y de calidad que ha logrado hacer frente a la crisis.

Ahora, después de más de 30 años, pienso que el cooperativismo es una de las alternativas más consistentes para salvar a nuestra sociedad de los desmanes de un capitalismo desbocado, de la inestabilidad laboral provocada por unos gobiernos atenazados por la presión de la deuda y del impacto de una excesiva conflictividad entre los bloques comerciales globalizados. Es una oportunidad para el logro del deseado desarrollo sostenible. Sin embargo, la viabilidad de este pensamiento necesita de una decidida apuesta a nivel gubernamental y no pocos ajustes legislativos.

Mi corto paso por la política me proporcionó una visión global de la sociedad en la que vivimos, y me construyó una opinión sobre una multitud de aspectos que generan noticia a diario. Pero este tipo de conocimiento generalista, típico de las personas dedicadas a la política, no garantiza el poder profundizar en los aspectos específicos de un sector concreto de actividad económica y, de esta forma, pude constatar que el cooperativismo, desde el punto de vista institucional, sigue siendo como aquel conocido del vecindario, al que vemos y saludamos de vez en cuando, pero del que no conocemos ni vida ni milagros. Así es el cooperativismo para muchas de las personas de la vida política.

El cooperativismo, desde el punto de vista institucional, sigue siendo como aquel conocido del vecindario, al que vemos y saludamos de vez en cuando, pero del que no conocemos ni vida ni milagros.

En la actualidad, el cooperativismo se presenta, según los estudios recientes, como una eficaz herramienta para la creación de empleo en igualdad de hombres y mujeres, un empleo sostenible y de calidad que ha logrado hacer frente a la crisis, con experiencias societarias de diferentes dimensiones que operan en todos los sectores de actividad y con un impacto sorprendente en nuestro PIB autonómico (6,1% del PIB), a pesar de no suponer ni el 1% de las empresas de la Comunitat Valenciana.

Con todas estas fortalezas, entonces ¿porqué no existe una apuesta decidida de las instituciones por este sector?

En mi opinión, el cooperativismo encara grandes retos para el futuro próximo, si quiere configurarse como una decidida alternativa societaria y organizativa a los modelos tradicionales de empresa de capital. Y, para ello, será necesario crear un estado de opinión, tanto en la ciudadanía como en las organizaciones políticas, que dejen patente la potente y avanzada propuesta de valor del modelo cooperativista, así como sus ventajas competitivas en el entorno socioeconómico actual. Y esto, creo que no se puede conseguir si no se construye el tripartito de concepto-acción que se menciona en el título de estas líneas de reflexión: asociacionismo, comunicación y poder.

Será necesario crear un estado de opinión, tanto en la ciudadanía como en las organizaciones políticas, que dejen patente la potente y avanzada propuesta de valor del modelo cooperativista, así como sus ventajas competitivas en el entorno socioeconómico actual.

Siempre he tenido la mala costumbre de aprender de mis errores y, como estos últimos han sido numerosos, me han dejado un buen bagaje de aprendizajes. De mi paso por el mundo asociacionista aprendí que, para lograr el poder de influir, hay que construir y mantener una sólida y persistente actividad asociativa capaz de aglutinar al colectivo al que se representa, generando las propuestas y proyectos que hay que presentar, de forma continua, a las instituciones, para que no se olviden del tema y tengan una estructuración conceptual de las reivindicaciones que se realizan. Y no cejar nunca en ese empeño.

Asimismo, es imprescindible generar una actividad de comunicación, valiente, constante y coherente, con mensajes que sean capaces de ir calando en la ciudadanía y en los representantes políticos de todas las administraciones e instancias parlamentarias, al objeto de crear un estado de opinión favorable, huyendo siempre de cualquier comunicación de tipo partidista.

Finalmente, es necesario crear una dinámica de interlocución generalizada con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario… “con todas”… sí… eso he dicho, al objeto de conseguir su apoyo en la negociación de los presupuestos de las administraciones. Obviamente, de algunos grupos parlamentarios se podrá conseguir apoyo y de otros no, aunque aquellos que no estén dispuestos a apoyar la causa no podrán argumentar que fueron excluidos del proceso de interlocución.

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Es una clave de éxito, poder encontrar representantes políticos comprometidos con la causa, que entiendan en profundidad la problemática del sector y que sean capaces de defender los intereses del mundo cooperativo en una negociación parlamentaria.

Sin pasar por alto el dilema, tantas veces planteado, de si una cooperativa ha de ser antes empresa o cooperativa, o lo contrario, me atrevo a opinar en esta polémica con la convicción de que la cooperativa es más que una empresa. No obstante, y aunque el cooperativismo pueda gozar de un tratamiento fiscal preferente, su vertiente empresarial lo expone a todas las inclemencias de una economía de mercado sufriendo, como otro tipo de empresas, el impacto de los importantes cambios que se están produciendo en nuestro entorno socioeconómico, político, tecnológico y demográfico. De esta forma, como empresa, que no deja de serlo, necesita ser competitiva y está expuesta a muchos condicionantes idénticos o similares que las empresas de capital, y ha de enfrentar importantes puntos de inflexión, como lo es actualmente el imparable proceso de digitalización de las empresas, la internacionalización o las dificultades para crecer en tamaño, asuntos determinantes para el incremento de la competitividad y la productividad.

El mundo cooperativista es un mundo de valores. La cooperación, la proximidad, la transparencia, la participación, la responsabilidad, el liderazgo y la vocación de servicio son, actualmente, valores en alza. Pero esto es una condición necesaria, pero no suficiente para lograr la sostenibilidad.

En un momento político liderado por la segunda edición del Pacto del Botánico, en la Comunitat Valenciana, podríamos presumir una afinidad de nuestro gobierno valenciano con los valores y principios del modelo cooperativo, en lo que respecta a poner a las personas en el centro, la distribución de los excedentes en función del trabajo, la independencia y la libertad de asociación y la adopción de procesos de decisión colectiva de corte democrático.

De este modo, asistimos a un momento de grandes oportunidades, asumiendo que la formación continúa siendo el eje transversal de cualquier cambio en el colectivo cooperativista. Las cooperativas de servicios públicos pueden abrir la colaboración público-privada en este sector. Asimismo, hay que tomar conciencia de que la nueva Ley de Contratos del Sector Público supone una gran oportunidad para fomentar un sistema de corresponsabilidad social y de contratación pública responsable, con la incorporación efectiva de cláusulas sociales en los pliegos de los contratos públicos. No olvidemos que la compra pública innovadora puede ser una de las herramientas fundamentales para solventar el problema de la dimensión de las cooperativas.

En resumen, el modelo cooperativista vive un gran momento para contribuir al logro del conjunto de los objetivos económicos, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, así como a la agenda de gobernanza, mucho más allá de la creación de empleo. Es una alternativa de empresa social cuya promoción y expansión podría ser un instrumento determinante en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La lucha continúa...